«Cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno….»
«Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres,
y con esto a todos los deberes de la humanidad».
Jean-Jacques Rousseau
Preámbulo: El Imperativo de una Renovación Social
La humanidad se encuentra en una encrucijada. Los paradigmas sociales, económicos y políticos heredados de siglos pasados muestran signos de agotamiento frente a desafíos globales sin precedentes: la crisis climática, la desigualdad rampante y la disrupción tecnológica. La Argentina, en sus doscientos años de historia, ha sido un crisol de esperanzas y frustraciones, de pujas y consensos, de avances y retrocesos, reflejando a menudo las tensiones globales con una intensidad particular. Es en este contexto que se hace imperativa la formulación de un Nuevo Contrato Social, no como una mera reforma, sino como una re-definición fundamental de los principios que rigen nuestra convivencia.
Este tratado, concebido para el año 2025 y con una proyección de cien años, busca trascender las dicotomías estériles y las lógicas de la explotación. Su propósito es edificar una sociedad donde la dignidad humana y el bien común sean los pilares innegociables, donde la no explotación del hombre por el hombre sea una realidad palpable, y donde el respeto absoluto a la vida, la libertad y la propiedad privada se entienda en su justa mesura, al servicio de una comunidad más igualitaria y floreciente.
I. Fundamentos Filosóficos y Ontológicos: La Dignidad como Eje Central
Todo contrato social se asienta sobre una concepción del ser humano y de su lugar en el cosmos. En este Nuevo Contrato, la dignidad humana no es un atributo conferido, sino una condición ontológica inherente a cada individuo, anterior y superior a cualquier construcción social o económica. Esta dignidad implica:
Inviolabilidad de la Persona: Cada ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. Su vida, integridad física y psíquica son sagradas e inalienables.
Potencialidad y Desarrollo Pleno: La dignidad exige la garantía de las condiciones materiales y espirituales para que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades, talentos y aspiraciones, contribuyendo al enriquecimiento colectivo.
Interdependencia y Co-existencia: La dignidad individual se realiza en la relación con el otro. Somos seres relacionales; nuestra existencia se entrelaza con la de nuestros congéneres y con el entorno natural. El bienestarcolectivo no es la simplecombinación de beneficiosprivados, sino elestado social que posibilita a cadapersonalograr su desarrollo completo.
No Explotación: La explotación, en cualquiera de sus formas (económica, social, cultural, política), es una afrenta directa a la dignidad humana. Niega la autonomía del individuo, lo reduce a una mercancía o un instrumento, y perpetúa relaciones de dominación que impiden el desarrollo mutuo. Este contrato busca erradicarla de raíz.
II. Principios Estructurales del Contrato Social (2025-2125)
Los principios quesiguensonla base sobre lacual se construirá la nueva estructura social, económica y política.
A. Sobre la Dignidad Humana y la Erradicación de la Explotación
Derechos Humanos Universales y Garantizados:
Derecho a la Vida y la Integridad: Protección absoluta de la vida desde su concepción hasta su fin natural, y de la integridad física y mental.
Derecho a la Libertad: Libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, asociación y movimiento, siempre que no atenten contra la dignidad o la libertad de terceros.
Derecho al Trabajo Digno y Justo: El trabajo es un derecho y un deber social. Todo ser humano tiene derecho a un empleo que le permita una vida digna, con salarios justos, condiciones seguras, horarios razonables y sin discriminación. Se debe prohibir toda forma de precarización laboral, esclavitud moderna o cualquier relación que implique la apropiación indebida del valor generado por el trabajo ajeno.
Acceso Universal a Bienes Esenciales: El Estado y la sociedad tienen que asegurar que todos puedan acceder de manera adecuada y sin restricciones a servicios de salud completos, a una educación de calidad en todos los grados, a una vivienda aceptable, a una alimentación saludable, al agua potable y a la conexión digital. Estos no son servicios, sino derechos fundamentales. Se debe tener en cuenta, que los derechos de Salud y Educación y demás servicios no son gratuitos y la sociedad desde el Estado debe administrar los medios para sus costes, mediante un régimen impositivo simplificado, transparente justo y auditable. Nada es gratuito, y debe educarse al ciudadano en la cultura del trabajo el esfuerzo y el valor de todos los medios necesarios para subsistir.
Ingreso Básico Universal (IBU) o Garantía de Subsistencia Digna: Se debe implementar un sistema que asegure un ingreso mínimo vital a cada ciudadano, basado en su esfuerzo, trabajo como condición “Sine qua non”, que garantice su existencia digna y liberándolo de la presión de la necesidad urgente, facilitando una mayor independencia y posibilidad de decisión. Ingreso Básico Universal es la base mínima de subsistencia y de aquí parten las demás.
B. Sobre el Bien Común y la Propiedad
Función Social de la Propiedad Privada:
La propiedad privada es un derecho fundamental, esencial para la libertad y el desarrollo individual. Sin embargo, este derecho no es absoluto y está intrínsecamente ligado a su función social. La propiedad debe contribuir al bien común y no puede ser utilizada para fines especulativos que perjudiquen a la comunidad o para acumular riqueza de forma desproporcionada que impida el acceso a bienes esenciales para otros.
Se deberán establecer mecanismos para limitar la acumulación excesiva de riqueza y propiedad, buscando una distribución más equitativa de los recursos y oportunidades, sin desincentivar la innovación y el esfuerzo. Se evitarán mediante leyes claras, los monopolios cualquiera sea su naturaleza, origen o rubro. Las leyes antimonopólicas deben contener cláusulas de punibilidad y penalidad.
Gestión Colectiva de Recursos Estratégicos: Los recursos naturales (agua, tierra productiva, minerales, energía renovable) y las infraestructuras críticas (redes de comunicación, transporte, energía) son patrimonio común de la nación y de la humanidad. Su gestión y explotación deben priorizar el bien común, la sostenibilidad ambiental y el beneficio intergeneracional, con participación ciudadana y estricta regulación estatal, la privatización de servicios no exime al privado de cumplir con las normas y regulaciones que el estado imponga. Esto independientemente de los réditos obtenidos por las empresas y el destino que estas dispongan de sus fondos.
Inversión Prioritaria en Bienes Públicos: El grueso de la inversión pública deberá destinarse a la mejora y expansión de la educación, la investigación científica y tecnológica, la infraestructura sostenible, la cultura, el arte y los lugares públicos, son fundamentales para el crecimiento humano y comunitario.
Sostenibilidad Ambiental Intergeneracional: El bien común se extiende a las futuras generaciones y al equilibrio ecológico del planeta. Este contrato establece el compromiso ineludible de proteger y restaurar los ecosistemas, transicional hacia economías circulares y energías limpias, y asegurar un futuro habitable para todos.
C. Sobre la Libertad y la Participación Ciudadana
Libertades Fundamentales y Pluralismo: Se garantiza la plena libertad de expresión, de prensa, de asociación, de pensamiento y de culto. Se fomenta con energía la variedad de pensamientos y la diversidad cultural como formas de mejorar la sociedad.
Democracia Participativa y Deliberativa: El sistema político trascenderá la mera democracia representativa. Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana directa (plebiscitos vinculantes, iniciativas populares, consultas vinculantes por parte del ejecutivo o del legislativo, deben ser herramientas básicas de gestión para temas neurálgicos), la deliberación pública informada y la co-creación de políticas, asegurando que las decisiones reflejen verdaderamente la voluntad popular y el interés colectivo.
Transparencia y Rendición de Cuentas: Todas las entidades del sector público y las grandes empresas privadas deberán seguir rigurosos criterios de claridad y responsabilidad, asegurando que la información sea accesible al público y estableciendo métodos eficaces para el control por parte de los ciudadanos y la penalización de la corrupción. Toda gestión debe ser auditable y los responsables deben responder por sus gestiones.
Educación Cívica y Pensamiento Crítico: La educación fomentará activamente el pensamiento crítico, la ética cívica, la empatía y la responsabilidad social, preparando a los ciudadanos para una participación informada y activa en la construcción del bien común.
D. Sobre la Justicia y la Equidad
Sistema Judicial Independiente y Accesible: Un poder judicial autónomo, eficiente, transparente y accesible para todos, que garantice la igualdad ante la ley y la resolución justa de conflictos.
Reducción de Desigualdades Estructurales: Se implementarán políticas activas de redistribución de la riqueza y las oportunidades, incluyendo sistemas fiscales progresivos, inversión social focalizada y medidas afirmativas para corregir desventajas históricas y estructurales.
Justicia Restaurativa y de Transición: Reconociendo la compleja historia de Argentina, se priorizarán mecanismos de justicia restaurativa para abordar conflictos sociales, y de justicia de transición para sanar heridas históricas, construir memoria colectiva y garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos.
E. Sobre la Soberanía y el Desarrollo Argentino (Proyección a 100 años)
Reafirmación de la Soberanía Nacional y Regional: Argentina se posicionará como un actor soberano y pro-activo en el escenario global, defendiendo sus intereses nacionales y regionales, promoviendo la integración latinoamericana y contribuyendo a un orden mundial más justo y multipolar. La Soberanía sobre la Islas Malvinas, Giorgias y Sandwich del Sur, son innegociables y son prioridad diplomática para cualquier tiempo y gobierno. Cualquier atentado contra la soberanía o la integridad territorial, sea esta de índole público o privado, de orden interno o internacional, será severamente castigado mediante leyes creadas a tal objeto.
Modelo de Desarrollo Endógeno y Sostenible: Se debe impulsar un modelo económico que priorice la diversificación productiva, la innovación tecnológica con base local, el valor agregado, la soberanía alimentaria y energética, y la generación de empleo digno, desvinculándose de la dependencia de modelos extractivistas o especulativos.
Educación, Ciencia y Cultura como Motores: La inversión masiva y sostenida en educación pública de excelencia, en ciencia, tecnología e investigación, y en la promoción de la cultura nacional y diversa, será la piedra angular del desarrollo a largo plazo, formando ciudadanos críticos y capacitados para los desafíos del futuro.
Reconciliación y Consenso: La rica y a menudo conflictiva historia argentina será abordada desde una perspectiva de reconciliación y construcción de consensos sobre valores fundamentales, superando las divisiones estériles y forjando una identidad nacional basada en el respeto, la diversidad y la búsqueda compartida del bien común. Se promoverá una memoria colectiva que integre las distintas experiencias y aprendizajes.
Promoción Industrial debe ser una política de Estado, que facilite la instalación de fábricas e Industrias y de sostenibilidad a su permanencia. El eje debe ser un paquete de leyes razonables y que den tranquilidad de trato y equidad.
III. Mecanismos de Implementación y Adaptación (Proyección a 100 años)
Este Contrato Social no es estático, sino un marco vivo y adaptable:
Revisión Periódica: Cada 25 años, se convocará una asamblea constituyente ciudadana para revisar y actualizar el Contrato Social, asegurando su relevancia y pertinencia ante los cambios globales y las nuevas necesidades sociales.
Instituciones Garantes: Se crearán y fortalecerán instituciones autónomas y transparentes, con participación ciudadana, encargadas de velar por el cumplimiento de los principios del Contrato y de mediar en los conflictos que puedan surgir.
Educación Continua: La educación en todos sus niveles, formal e informal, será el principal vehículo para la internalización de los valores y principios de este Contrato Social, formando ciudadanos conscientes y comprometidos con su realización.
Adaptación a la Transformación Tecnológica: Se establecerán marcos éticos y regulatorios para la inteligencia artificial, la biotecnología y otras tecnologías emergentes, asegurando que su desarrollo y aplicación estén al servicio de la dignidad humana y el bien común, y no de la explotación o la concentración de poder.
Este Nuevo Contrato Social es una invitación a la Argentina y, por extensión, a la humanidad, a re-imaginar su futuro. Es un llamado a la acción colectiva, a la responsabilidad compartida y a la construcción de una sociedad donde la dignidad de cada persona sea el faro que guíe nuestras decisiones.
No es una utopía inalcanzable, sino un horizonte posible, forjado por la voluntad y el compromiso de generaciones que entienden que el verdadero progreso se mide por la capacidad de asegurar una vida plena, libre y justa para todos, sin excepciones. La resiliencia que ha caracterizado al pueblo argentino a lo largo de su historia es la fuerza motriz que puede hacer de este contrato una realidad vibrante y duradera.
